- Auditora Delia González aclaró que por el momento diputados no han hecho la solicitud al Órgano de Fiscalización
Xalapa, Ver. – Dependerá del Congreso del Estado autorizar una nueva auditoría al Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS), informó la auditora general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFS), Maestra Delia González Cobos.
“Del Congreso dependerá si continuamos o no, al ORFIS no se le ha solicitado todavía (una nueva auditoría) del Congreso para nosotros, no”. Esto, luego que la diputada Presidenta de la Comisión Permanente de Agua Potable y Saneamiento del Congreso del Estado, Norma Leonor Victoria Mendoza González confirmó una nueva auditoría para dicha empresa.
En ese sentido, González Cobos recordó que la fiscalización realizada por el ORFIS es la correspondiente a la Cuenta Pública 2021 y señaló que, en caso de que el Congreso lo instruya, el ente fiscalizador procedería con la nueva revisión. Recordó que se trata de una empresa privada y no de un ente público,
por lo que debe existir una instrucción del Poder Legislativo al ORFIS.
Se realizó una auditoría La auditora general aclaró que antes de su fallecimiento, el Diputado Fernando Arteaga Aponte promovió una solicitud de auditoría al Congreso, pero todavía no se le hacía del conocimiento al ente fiscalizador.
“Hicimos del conocimiento del Congreso el resultado de la auditoría que hicimos a Grupo MAS, advertimos que había un incumplimiento del contrato establecido en la concesión y así lo dimos a conocer al Congreso” Dijo que, por convenio, a Grupo MAS se le obliga a invertir en la infraestructura
para prestar el servicio a la población, situación que el ORFIS no detectó y al tratarse de una empresa privada financiada con recursos públicos, es sujeto de fiscalización como lo establece el artículo 12 de la Ley al respecto. “(Grupo MAS) administra bienes públicos, la ley es clara y por esa razón el amparo que promovieron no prosperó”.
González Cobos admitió que en el actual 2024 el ORFIS solo ha presentado cerca de 20 denuncias ante la Fiscalía General del Estado por irregularidades en las cuentas públicas de igual número de entes estatales. Aunque explicó que suman 351 las querellas que el ente fiscalizador ha promovido ante la FGE en el transcurso de su ejercicio como auditora general, principalmente por el uso de documento o facturas falsas en la cuenta pública.
